By AFSC Latin America and the Caribbean region [1]
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Desde octubre de 2018 vivimos una crisis migratoria y de asilo en la región, ocasionada principalmente por las acciones y discursos políticos estatales en respuesta a cambios en los flujos y perfiles migratorios. A las llamadas “Caravanas Migrantes” conformadas inicialmente por migrantes forzados del norte de Centroamérica, se han sumado miles de personas procedentes de Cuba, Haití, Suramérica y varios países de África y Asia que intentan transitar por esta frontera. La crisis no es producto de este nuevo panorama migratorio - producto de condiciones estructurales de expulsión-; es consecuencia de un enfoque de seguridad nacional que recrudece sus estrategias de criminalización, contención y desgaste de migrantes y solicitantes de asilo. Se debe particularmente -aunque los otros países han aportado sin reparos- a la aplastante estrategia del gobierno estadounidense de acabar con el sistema de asilo en su país, así como al endurecimiento y desplazamiento de su frontera sur hacia todo México y Centroamérica.
Uno de los escenarios donde se visibiliza de formas cada vez más deshumanizante la crisis, es la frontera sur de México. Durante meses, las autoridades migratorias y fuerzas de seguridad realizaron detenciones masivas y violentas contra hombres, mujeres y niños sin distinción alguna[1]. En junio de este año, con la firma del acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México los operativos migratorios se fortalecieron con el apoyo y mando de más de 15,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en cuestión de semanas en los estados del sur, recrudeciendo por ejemplo el hacinamiento en los centros de detención migratoria[2] y el aumento en los números de deportaciones.
Todo en medio del colapso de la atención a solicitantes de refugio por la reducción de presupuestos y el aumento exponencial de solicitantes de refugio, así como el muro burocrático del Instituto Nacional de Migración (INM) que se han encontrado los y las migrantes al intentar ingresar de forma regular al país. A este contexto se añade el hostigamiento, las amenazas y estigmatización gubernamental hacia organizaciones y defensores de derechos humanos; así como el creciente clima social de xenofobia y racismo en pueblos y regiones que se han construido históricamente gracias a la migración.
¿Qué ocurre con la población africana en el Sur de México?
En 2018, el INM registro la detención anual de 2,958 personas procedentes de 30 países de África. En 2019, hasta julio se han dado 4,779 detenciones de 33 nacionalidades, principalmente de Angola, Camerún, República Democrática del Congo, Eritrea, Ghana, Guinea, Mauritania, Nigeria, Togo y Uganda[3]. Vale la pena decir que las detenciones son una medida indirecta del tránsito de personas y en este caso solo nos ayuda a darnos cuenta de un aumento en el flujo de personas que han recorrido una travesía de cansancio, muerte y desesperación entre dos continentes[4]. El aumento en el número se debe a las condiciones de violencia y pobreza que viven en sus países[5]; pero sobre todo a la barrera de muerte en que los gobiernos han convertido el mar Mediterráneo y que ha obligado a buscar otras alternativas de sobrevivencia.
Tradicionalmente las personas procedentes de África, Asia e incluso el Caribe que llegaban a la frontera sur en busca de protección en México, Estados Unidos y Canadá recibían la autorización para su regularización luego de permanecer “máximo” 60 días hábiles detenidas[6], o un oficio de salida -comúnmente entendido como un salvoconducto- por 20 días para abandonar el país por cualquiera de las fronteras. Sin embargo, en medio de la actual crisis, estas posibilidades han sido negadas por el Estado Mexicano, llevándolas a un limbo burocrático en donde no pueden avanzar en su camino, pero tampoco ser deportadas.
La Asamblea de Migrantes Africanos en Tapachula denunció recientemente que las más de 3,000 personas que la componen en la mayoría de los casos sufrieron detención migratoria, no tuvieron acceso a traductores y aun así tuvieron que firmar documentos que no entendían. El INM les ha dado dos posibilidades, la primera es la regularización bajo el argumento de apatridia, pese a que todas cuentan con documentos oficiales de sus países. Pese a que varias personas han intentado realizar ese tramite en muchos casos se les ha negado por supuestos errores en la escritura de los nombres. La segunda alternativa al limbo en el que se encuentran es una orden de abandono del país por la frontera sur, es decir, retornar a Guatemala o a otro país porque el cruzaron meses atrás. Vale la pena señalar que ninguno de los países más próximos por la frontera sur cuenta con las condiciones políticas, de seguridad y bienestar que necesitan y tienen derecho a solicitar.
La situación actual de los cientos de africanos en Tapachula y otras ciudades del sur del país donde se encuentran detenidos o viviendo en situación de calle es de completa desesperación, “Cientos de familias están en situación de calle, pasando las noches y las lluvias a la intemperie. No tenemos qué comer, muchas personas estamos enfermando, sobre todo las niñas, los niños y las mujeres embarazadas”[7].
Retos y reivindicaciones.
Si bien el transito de personas provenientes de otros continentes ha existido por años, en la actualidad la falta de voluntad política del gobierno mexicano -presionado a su vez por el estadounidense- ha generado una crisis humanitaria que ha tratado de ser atendida por la sociedad civil. En varias ocasiones el mensaje gubernamental ha sido el desconocimiento de la situación y han apostado, nuevamente, al desgaste y la desesperación de las personas. Para las organizaciones de la sociedad civil, que siguen recibiendo la estigmatización estatal, uno de los principales desafíos ha sido la barrera del idioma para poder responder a las inquietudes y escuchar los dolores, historias y esperanzas de las personas. También, con el pasar del tiempo se hace cada vez más necesario unir esfuerzos y construir puentes de solidaridad con otras voces de apoyo en todos los territorios de nuestro continente y por qué no con otras latitudes, incluyendo el continente africano. Por último, compartimos las reivindicaciones directamente de los y las africanas víctimas del muro en el que se ha convertido la frontera sur mexicana.
- Para quienes necesitamos continuar con nuestro camino hacia el norte, en busca de protección en Estados Unidos o Canadá, que el gobierno mexicano nos permita acceder sin dilaciones a la Tarjeta de Estancia por Razones Humanitarias, para que podamos desplazarnos lo antes posible de Tapachula.
- Para quienes necesitamos acogernos a la protección internacional en México, que podamos acceder sin dilaciones al procedimiento de solicitud del reconocimiento de refugio.
- Para el conjunto de la población afectada, requerimos de asistencia humanitaria urgente en materia de alimentación, vivienda, salud e higiene, para evitar el deterioro de nuestra salud física y mental, y la pérdida de vidas.
- Exigimos finalmente a los cuerpos de seguridad garantizar que no se cometerán más represalias y no se empleará más violencia en nuestra contra por el hecho de reivindicar derechos y expresar nuestras demandas colectivas.
[1] https://www.buzzfeednews.com/article/adolfoflores/mexico-raid-migrant-ca...
[2] https://www.nytimes.com/2019/08/03/world/americas/mexico-migration-condi...
[3] http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/...
[4] https://www.telegraph.co.uk/news/african-migrants-in-america/?fbclid=IwA...
[5] http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2019/08/COMUNICADO-Asamb...
[6] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LMigra.pdf
[7] http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2019/08/COMUNICADO-Asamb...