La sentencia de la Sala Constitucional que declaró parcialmente con lugar un recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de las 200 personas migrantes que fueron deportadas desde Estados Unidos a Costa Rica en febrero de este año, fue reconocida internacionalmente como la mejor decisión judicial del año 2025 en las Américas que protege los derechos de esta población en situación de vulnerabilidad.
El Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR) y American Friends Service Committee (AFSC), son dos de las organizaciones que postularon la sentencia al citado reconocimiento. “Nos motivó el deseo de visibilizar la única decisión jurisdiccional en la región que busca proteger a personas migrantes que han sufrido múltiples violaciones a sus derechos humanos, en un contexto regional donde la desprotección es cada vez mayor”, señaló Adam Álvarez, Director del SJM en Costa Rica. “No obstante, las deudas para su efectivo cumplimiento persisten”, agregó.
Este reconocimiento es otorgado todos los años por órganos internacionales de alta relevancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Agencia de Naciones Unidas para las Migraciones, el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otras.
En junio, la Sala Constitucional de Costa Rica consideró que se vulneró el derecho a la libertad personal de las personas migrantes, ordenó su liberación y, además, “determinar qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda y en general, de tipo social requieren por parte del Estado”. También, condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados.
A pesar de la claridad de la sentencia, las autoridades aún no han garantizado su cumplimiento pleno. Las personas migrantes que permanecen en el país siguen sin tener acceso a la salud, a la vivienda y ni siquiera han logrado abrir una cuenta bancaria porque no cuentan con la identificación que las entidades bancarias solicitan.
Si bien esta decisión constituye un precedente único en la región, el Estado costarricense no ha estado a la altura de sus obligaciones. Recibió a 200 personas que no querían venir a Costa Rica, las mantuvo detenidas ilegalmente y, diez meses después, continúa sin ofrecerles opción razonable que repare -al menos parcialmente- las violaciones sufridas, señaló Marcia Aguiluz, Directora de AFSC para América Latina y el Caribe.
Las organizaciones celebran el reconocimiento internacional otorgado a la sentencia de la Sala Constitucional, en tanto honra el compromiso de quienes defienden los derechos de las personas migrantes, y pone en el centro el bienestar y la agencia de las personas directamente afectadas. A la vez, exhortan a las autoridades costarricenses a traducir este logro en acciones concretas que garanticen la dignidad y los derechos humanos de las familias migrantes que aún permanecen en el país.