En Des Moines, los habitantes de Iowa protestan contra la guerra y la violencia en una vigilia con el lema "El amor como acción". Foto: Jon Krieg/AFSC
La administración Trump ha llevado a Estados Unidos a una guerra con Irán sin la aprobación del Congreso y a pesar de la amplia oposición de la población.
Sin embargo, Irán es solo el ejemplo más visible de una agenda más amplia basada en "la ley del más fuerte" que alimenta el militarismo en el extranjero y la represión dentro del país.
Desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump, Estados Unidos ha lanzado ataques militares en al menos otros seis países: Yemen, Siria, Irak, Somalia, Nigeria y Venezuela. Ninguno fue autorizado por el Congreso.
En las regiones del Caribe y el Pacífico, Estados Unidos ha causado la muertede más de 190 personas en ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. A las personas afectadas nunca se les imputaron cargos por delito alguno ni se les garantizó el debido proceso.
Estos hechos no constituyen incidentes aislados. Estos hechos señalan un cambio más amplio en la política estadounidense.
En conjunto, estas acciones reflejan una visión del mundo que prioriza la fuerza, el castigo y la dominación por encima de la diplomacia, los derechos y la rendición de cuentas.
Como organización cuáquera que ha trabajado durante mucho tiempo por la paz con justicia, American Friends Services Committee (AFSC, por sus siglas en inglés) se opone a la violencia en todas sus formas.
Hemos visto este manual de tácticas en el pasado. Y sabemos que el daño que causa perdura durante generaciones.
La administración Trump alega el derecho a atacar de manera unilateral a otros países.
Desde que asumió el cargo, la administración ha priorizado la fuerza militar sobre la diplomacia y el compromiso internacional.
Ha desmantelado sistemáticamente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y sectores fundamentales del Departamento de Estado. Esto incluye a las oficinas responsables de mitigar los daños a la población civil durante los conflictos bélicos, vigilar las violaciones de los derechos humanos y hacer un seguimiento del uso que hacen los países de las armas suministradas por los Estados Unidos.
En la Conferencia de Seguridad de Múnich, en febrero de 2026, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, fue claro. Estados Unidos "ya no puede situar el denominado orden mundial por encima de los intereses vitales de nuestro pueblo y de nuestras naciones", afirmó.
Este enfoque está siendo ahora incorporado de manera explícita en la política estadounidense.
En noviembre de 2025, la Casa Blanca publicó su Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, por sus siglas en inglés). En ella se afirmaba que Estados Unidos "reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental". También decía que "Estados Unidos debe poseer la preeminencia en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permita afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región".
La administración, con la Estrategia contra el terrorismo, publicada en mayo de 2026, va aún más allá. En ella se autoriza explícitamente el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga, incluso sin la cooperación de los países involucrados.
En el documento se establece: "Si no pueden, o no quieren hacerlo, de todos modos tomaremos las medidas que sean necesarias para proteger a nuestro país".
Se trata de un resurgimiento de la doctrina Monroe, la cual causó perjuicios durante décadas.
La doctrina Monroe, y el posterior corolario Roosevelt, afirmaban que Estados Unidos tenía derecho a dominar el hemisferio occidental mediante el uso de la fuerza militar. En la práctica, eso significó décadas de intervención estadounidense en toda América Latina y América del Sur con consecuencias devastadoras en toda la región.
En la década de 1980, el AFSC fue testigo directo del impacto de la intervención militar estadounidense en América Latina. Documentamos la violencia en El Salvador, Nicaragua y Guatemala y apoyamos a quienes se enfrentaban a la represión.
En lugar de aportar estabilidad, Estados Unidos alimentó un conflicto que causó la muerte y la desaparición de cientos de miles de personas y el desplazamiento de millones. El resultado ha sido ciclos continuos de violencia, migración forzosa y pobreza extrema que persisten en la actualidad.
La nueva iniciativa "Escudo de las Américas" de la administración Trump, los ataques militares contra los cárteles de droga, el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y la intensificación del bloqueo a Cuba apuntan todos a una renovación de la doctrina Monroe en la región.
Estados Unidos está violando el derecho internacional y socavando las instituciones encargadas de hacerlo cumplir.
Los ataques a Irán y Venezuela son los ejemplos más flagrantes de las violaciones del derecho internacional por parte de la administración Trump.
La Carta de la ONU establece que ningún país tiene derecho a utilizar la fuerza militar contra el territorio o la independencia de otro país. Al atacar a otros países sin causa justificada ni apoyo internacional, Estados Unidos está abriendo la puerta a una mayor conflictividad e inestabilidad en todo el mundo.
Losasesinatos de presuntos traficantes de drogas por parte de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico constituyen homicidios sancionados por el Estado. El contrabando de drogas no es un delito capital y, a las personas asesinadas, no se les ha otorgado el debido proceso.
En Irán, el bombardeo de infraestructuras civiles y el asesinato de civiles constituyen probablemente crímenes de guerra. Sin embargo, nadie rinde cuentas por ello.
Por el contrario, Estados Unidos está bloqueando activamente los mecanismos de rendición de cuentas.
En 2025,Estados Unidos sancionó a la Corte Penal Internacional, después de que el tribunal abriera sus investigaciones sobre posibles crímenes de guerra israelíes en Palestina, socavando así un mecanismo clave para la rendición de cuentas. El mensaje fue inequívoco: Estados Unidos no cree que la protección de los derechos humanos sea universal.
Socavar el derecho internacional de los derechos humanos y las instituciones que lo hacen cumplir pone en riesgo la seguridad de todo el mundo.
Al tiempo que la administración Trump libra guerras en el extranjero, también está militarizando la vida en el propio país.
La misma lógica de "la ley del más fuerte" que impulsa las acciones de Estados Unidos en el exterior se está aplicando ahora en el propio país.
Poco después de que Trump asumiera el cargo en enero de 2025, la administración emitió órdenes ejecutivas para militarizar aún más a la policía y a las comunidades. Estas acciones incluyen:
- El aumento del uso de la pena de muerte a nivel federal.
- El envío de más equipo militar excedente a los departamentos de policía locales.
- La eliminación de los procesos destinados a exigir responsabilidades a la policía por las violaciones de derechos.
- La ampliación de la cooperación entre el ICE y las fuerzas del orden locales.
La "Ley de la Bella y Enorme Medida Legislativa" (One Big Beautiful Bill Act) de la administración Trump, aprobada en junio de 2025, destinó 170 000 millones de dólares adicionales a la detención y deportación de inmigrantes hasta 2029.
El ICE ha contratado a más de 12 000 nuevos agentes. Asimismo, el Congreso también está avanzando para otorgar al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) hasta 140 000 millones de dólares adicionales, a pesar de que ambas agencias ya cuentan con más de 100 000 millones de dólares en fondos no utilizados.
Los resultados son visibles en barrios de todo el país: Agentes enmascarados secuestrando personas en la calle. Viviendas y negocios allanados sin orden judicial. Tropas de la Guardia Nacional patrullando las calles de las ciudades. Personas que perdieron la vida durante operativos del ICE, en protestas pacíficas y durante su detención. En la práctica, existe una nueva fuerza policial secreta que no es ni identificable ni rinde cuentas.
Mientras tanto, la administración Trump ha abierto nuevos y masivos centros de detención y planea duplicar el número de personas detenidas mediante la creación de cárceles en almacenes industriales (warehouse jails) del ICE. Se está deteniendo y deportando a personas sin el debido proceso. Algunas están siendo enviadas a lugares fuera de Estados Unidos, donde han sido torturadas,abusadas, y privadas de derechos. La Corte Suprema ha agravado toda esta situación al permitir explícitamente el perfilado racial o étnico y racista.
Las normas y los derechos democráticos están siendo atacados.
Si se aprueba el presupuesto del presidente para 2027, esta situación no hará más que empeorar.
La administración Trump ha propuesto aumentar el presupuesto militar de Estados Unidos en 500 000 millones de dólares para 2027. Ese incremento por sí solo supera la suma total combinada que Estados Unidos gasta en el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en el cuidado infantil, en la Administración del Seguro Social, en la salud pública, en la educación, en el transporte, en la energía, en la agricultura y en los asuntos internacionales.
En un momento en que millones de personas tienen dificultades para costear alimentos, vivienda y atención médica, la administración quiere gastar 1,5 billones de dólares en armas, guerra, militarización fronteriza, y detención de inmigrantes.
El presupuesto de 2026 ya ha batido récords: con un gasto militar que supera el billón de dólares y representa el 70 % del gasto discrecional. Esos incrementos fueron posibles a costa de recortes devastadores a Medicaid, la asistencia alimentaria y otros programas esenciales.
Cada dólar destinado al gasto militar se financia con déficit o bien se detrae de programas de los que las personas dependen para sobrevivir.
El Congreso debe escucharnos hoy.
Nada de esto es inevitable. Las guerras, las deportaciones, las detenciones masivas y la represión dependen del silencio público y de la complicidad del Congreso.
La historia demuestra que cuando la población se organiza es posible cambiar el rumbo de la política de Estados Unidos. Pero debemos actuar juntos ahora.
Comuníquese hoy mismo con sus representantes e ínstelos a lo siguiente:
- Poner fin a los asesinatos en el Caribe: el Congreso debe aprobar legislación para detener estos ataques de inmediato.
- Poner fin a la guerra en Irán: nuestros funcionarios electos deben hacer valer su autoridad en materia de poderes de guerra e instar a la administración a poner fin al conflicto.
- Financiar las necesidades humanas, no la guerra ni el militarismo: el Congreso debe rechazar este presupuesto y redirigir esos recursos a los programas que mantienen a las comunidades seguras y saludables.
