El 2 de septiembre, el gobierno estadounidense llevó a cabo ataques militares contra un barco que, según afirma, pertenecía a la banda venezolana el Tren de Aragua. Al menos 11 personas murieron. Estados Unidos alega que el barco traficaba drogas, pero no ha presentado pruebas.
Desde entonces, Estados Unidos ha bombardeado más embarcaciones en el Caribe, matando al menos 83 personas. También ha aumentado las demandas de intervención militar directa de EE.UU. en Venezuela y ataques contra objetivos terrestres en toda la región.
Como organización cuáquera comprometida con la paz y la justicia, nos oponemos a la violencia en todas sus formas. Estos ataques solo conducirán a más violencia. Ponen a los ciudadanos estadounidenses en riesgo de sufrir represalias, aumentan la posibilidad de un conflicto más amplio y no contribuyen a abordar el complejo problema de la drogadicción.
Esto es lo que debes saber:
1. Estos ataques son ejecuciones extrajudiciales.
Estados Unidos mató a las personas en estos barcos sin un debido proceso. Todas las personas —sin importar dónde vivan o qué ley se les acuse de violar— tienen derechos básicos, incluido el derecho a la vida y al debido proceso. Cuando alguien es acusado de un delito, es detenido y se le garantiza un juicio y una defensa. En lugar de interceptar los barcos, el gobierno estadounidense decidió simplemente matar a los acusados. Esto es un asesinato sancionado por el Estado.
El gobierno de EE. UU. afirma que los hombres asesinados eran “narcoterroristas” y miembros del Tren de Aragua u otras redes de cárteles, pero no ha aportado pruebas. Las entrevistas con las familias de las víctimas indican que algunos de los fallecidos no tenían vínculos con el narcotráfico.
Independientemente de si las personas estaban relacionadas con cárteles u otras bandas criminales, Estados Unidos no está en conflicto armado con el Tren de Aragua ni con otros grupos que el gobierno haya calificado como “organizaciones terroristas extranjeras”. Estados Unidos no tiene derecho legal a usar la fuerza contra estos grupos. Los narcotraficantes no son objetivos militares legítimos.
2. El narcotráfico es un asunto de los cuerpos policiales, no militares.
Estados Unidos cuenta con acuerdos bilaterales efectivos con países de todo el hemisferio occidental para abordar el tráfico de drogas. La Guardia Costera ha interceptado traficantes de drogas por sí sola y también en colaboración con otros cuerpos durante décadas, siguiendo los procesos legales establecidos.
Estados Unidos intercepta barcos y detiene personas en aguas internacionales o estadounidenses porque, de no hacerlo, no hay evidencia de que quienes se les acusa de narcotráfico hayan cometido algún delito. Sin interceptar los barcos, no se sabe a quién se está matando. Pueden ser pescadores, migrantes o traficantes de drogas. Además, el tráfico de drogas no es un delito capital. Matar a traficantes de drogas no es ni legal ni moral.
3. Estos ataques amplían de manera significativa el marco del terrorismo y podrían conducir a un aumento de la violencia y la represión.
La administración Trump ha justificado estos ataques calificando a los hombres asesinados como “narcoterroristas” y miembros de “organizaciones terroristas” prohibidas. Desde febrero de 2025, el gobierno de EE. UU. ha designado al menos 19 nuevos grupos —en su mayoría cárteles de drogas y bandas de América Latina— como “organizaciones terroristas extranjeras” (FTO, por sus siglas en inglés). Estas y otras inclusiones representan más de un tercio de todas las designaciones de FTO en los últimos 20 años.
La designación de FTO tiene grandes repercusiones y pone en riesgo a comunidades enteras. Las leyes antiterroristas prohíben cualquier contacto o relación con organizaciones proscritas y sus miembros. Cualquier contacto podría considerarse como una violación de la ley. Esto es especialmente preocupante en lugares donde los cárteles tienen un poder significativo y controlan las empresas, lo que puede criminalizar a comunidades enteras. En Estados Unidos, las personas o grupos que intervengan, brinden asistencia legal o de algún modo se involucren y trabajen alrededor de una FTO designada, como la MS-13, podrían enfrentar sanciones legales.
Sin embargo, la designación de FTO no constituye una autorización para el uso de la fuerza militar contra el grupo y sus miembros. Estados Unidos no se encuentra en un estado de conflicto declarado con ninguno de estos grupos. La legislación sobre los derechos humanos rige esta situación y permite el uso de la fuerza letal únicamente como último recurso, cuando existe una amenaza inminente para la vida. Eso no aplica a esta situación. Los ataques militares letales contra miembros de grupos FTO recientemente designados son ilegales.
4. Únicamente el Congreso, y no el presidente, puede autorizar la guerra y el uso de la fuerza militar.
El presidente Trump ha declarado al Congreso que su posición es que los Estados Unidos se encuentra en un estado formal de conflicto armado con los cárteles de drogas, los cuales su administración ha calificado como organizaciones “terroristas”. Sin embargo, no es el poder ejecutivo el que determina cuándo Estados Unidos está en guerra.
En virtud de la War Powers Resolution 1973 (Resolución de los Poderes de Guerra de 1973), es el Congreso quien autoriza el uso de la fuerza militar. Sin una aprobación explícita del Congreso o una emergencia provocada por un ataque contra Estados Unidos, el presidente carece de autoridad legal para llevar a cabo hostilidades militares unilaterales que puedan desencadenar una nueva guerra. Por lo tanto, los ataques a estas embarcaciones son ilegales y Estados Unidos no está en guerra.
Los poderes de guerra del Congreso van más allá de la autorización de la guerra. A pesar de su nombre, la Resolución de Poderes de Guerra requiere la aprobación del Congreso para cualquier uso del ejército estadounidense en “hostilidades”. Esta afirmación del Congreso de una amplia autoridad fue intencionada y significa que el Congreso tiene derecho a limitar el uso de la fuerza militar.
En un intento para “legalizar” estos ataques, la Casa Blanca y algunos Republicanos en el Congreso están contemplando una nueva Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés). Una AUMF es una resolución conjunta aprobada por el Congreso para autorizar el uso de la fuerza militar. La AUMF aprobada en 2001 autorizó la guerra global contra el terrorismo, y la AUMF aprobada en 2002 autorizó la guerra en Irak.
Cualquier nueva AUMF debería ser rechazada. Un borrador inicial de la propuesta que circuló en el Congreso podría interpretarse como una autorización para ataques estadounidenses en hasta 60 países. También abrió la puerta para una invasión militar en Venezuela y a un posible cambio de régimen. La amenaza de una nueva guerra debe ser considerada seriamente.
Funcionarios de la administración Trump han acusado a Nicolás Maduro, el líder autoritario de Venezuela, de controlar los cárteles en su país, a pesar de no contar con el apoyo de las agencias de inteligencia estadounidenses para estas acusaciones. Y otros funcionarios están impulsando un cambio de régimen en Venezuela. El bienestar y la seguridad del pueblo venezolano deben ser una prioridad.
5. El Congreso debe escuchar a los electores que se oponen a estos ataques.
Las Resoluciones de Poderes de Guerra son la herramienta clave disponible para oponerse a esta campaña de asesinatos y al creciente impulso hacia la guerra. Se han presentado resoluciones tanto en la Cámara como en el Senado para exigir que se ponga fin a las acciones de la administración Trump. Estas resoluciones necesitan de tu apoyo. Nuestros miembros del Congreso deben escuchar a los electores que se oponen activamente a estos ataques y a la creciente agresión militar en el Caribe y el Pacífico.
América Latina enfrenta desafíos profundos y persistentes: la desigualdad, la violencia y el desempleo siguen marcando la vida diaria de millones. Estados Unidos tiene un papel crucial que desempeñar, pero debe replantear su enfoque. En lugar de políticas que alimentan la inestabilidad y la inseguridad, debe trabajar junto a la región para promover soluciones integradoras y sostenibles que aborden las profundas causas de estos problemas.
El Congreso necesita saber tu opinión. Únete a la AFSC para exigirle al Congreso que apruebe las resoluciones de poderes de guerra para impedir que Estados Unidos entre en una nueva guerra sin fronteras.
