A primeras horas de esta mañana, la administración Trump bombardeó varias lugares de Caracas y sus alrededores y capturó por la fuerza al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Este acto de guerra injustificado, ilegal y no provocado contra una nación soberana se produce tras meses de escalada estadounidense - incluyendo los asesinatos extrajudiciales de civiles en embarcaciones y la incautación estadounidense de petroleros cerca de la costa venezolana. El presidente Trump anunció que Estados Unidos “dirigirá el país” hasta una transición indefinida, un camino hacia una ocupación indefinida o un retorno al control corporativo y a la extracción colonial.
El ataque de Estados Unidos contra Venezuela se produce en un momento en que la administración Trump revitaliza una larga historia de violencia e imperialismo estadounidense contra las naciones y los pueblos de América Latina. Como en otras guerras anteriores, se trata del control del petróleo y los recursos - Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. El Congreso y la comunidad internacional deben tomar medidas inmediatas.
Venezuela no representaba ninguna amenaza para Estados Unidos. Pero Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Este ataque fue un acto de guerra que es ilegal según el derecho estadounidense e internacional. Aunque la información sobre los impactos es limitada, es extremadamente probable que haya habido víctimas civiles cuando Estados Unidos lanzó bombas sobre la muy poblada ciudad capital. El Congreso debe actuar de inmediato para condenar esta agresión y bloquear nuevas acciones militares.
La administración Trump dijo inicialmente que esta violencia estaba relacionada con las drogas y la democracia. Ahora la administración está ampliando sus justificaciones, afirmando abiertamente que Estados Unidos tiene derecho a derrocar al gobierno de Venezuela y apoderarse del petróleo nacionalizado del país. Estas justificaciones cambiantes exponen la naturaleza imperialista del ataque. También resultan absurdas viniendo de una administración que ha socavado sistemáticamente la democracia en su país, recortado los programas de tratamiento de la drogadicción y desmantelado los sistemas para exigir que los narcotraficantes rindan cuentas.
A la administración Trump no le importan los derechos humanos ni la democracia. El presidente Trump ha intervenido activamente en las recientes elecciones de Argentina y Honduras, ha intentado interferir en el sistema judicial brasileño y ha recompensado las flagrantes violaciones de derechos humanos de sus aliados con lucrativos contratos. No hay duda de que Nicolás Maduro es responsable de graves violaciones de derechos humanos contra el pueblo venezolano, y debe rendir cuentas por esas violaciones. Ser secuestrado unilateralmente por el ejército estadounidense impedirá esa rendición de cuentas en lugar de facilitarla.
No se trata de drogas. Bombardear Venezuela y arrestar a su líder no hará nada para detener el tráfico de drogas, la adicción y las muertes por sobredosis. Y la administración Trump solo habla de acabar con el narcotráfico cuando encaja con sus objetivos políticos. Hace apenas dos meses, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado por un tribunal estadounidense por introducir de contrabando 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos.
Tenemos décadas de pruebas de que la “guerra contra las drogas” bipartidista es un fracaso que ha conducido al encarcelamiento masivo de millones de personas pobres y de color en Estados Unidos y a una escalada de la violencia y represión en América Latina, todo ello mientras muertes por sobredosis se han disparado. Si la administración Trump quisiera abordar la drogadicción, invertiría en programas de tratamiento y prevención comunitarios. En cambio, están recortando estos programas.
Las bombas y las armas estadounidenses nunca traen paz y justicia. Como una organización cuáquera que lleva más de un siglo trabajando para poner fin a la guerra y la violencia, el AFSC ha trabajado incesantemente para detener el militarismo estadounidense en América Latina y en todo el mundo. En la década de 1980, el AFSC fue testigo directo del impacto de la intervención militar estadounidense en América Latina. Documentamos la violencia en El Salvador, Nicaragua y Guatemala y ofrecimos apoyo y solidaridad a quienes se enfrentaban a la represión. En lugar de traer estabilidad, Estados Unidos alimentó un conflicto que causó la muerte y desaparición de cientos de miles de personas y el desplazamiento de millones. Perpetuó ciclos de violencia, migración forzada y pobreza extrema que persisten hoy en día.
Es hora de romper ese ciclo. Ya es hora de poner fin a las ambiciones imperiales del gobierno estadounidense en América Latina y a nivel global. La gente no quiere guerras interminables, que solo conducen a muertes masivas, migración forzada y empobrecimiento. Debemos trabajar en solidaridad con el pueblo venezolano, defendiendo su autodeterminación y sus derechos humanos. Y debemos respetar esos derechos tanto si la gente se queda en su país de origen como si emigra a Estados Unidos.
Hacemos un llamado al Congreso y a los líderes mundiales que detengan el cambio de régimen estadounidense en Venezuela. Necesitamos inversiones en nuestras comunidades y un mundo seguro y sostenible donde todos puedan prosperar.
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El Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC, por sus siglas en inglés) promueve un mundo libre de violencia, desigualdad y opresión. Guiados por la creencia cuáquera en la luz divina dentro de cada persona, cultivamos las semillas del cambio y el respeto por la vida humana para transformar a nivel fundamental nuestras sociedades e instituciones. Trabajamos con personas y socios de todo el mundo, de todas las religiones y procedencias, para atender las necesidades urgentes de la comunidad, hacer frente a la injusticia y construir la paz.