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Gabriel*, un trailero en Florida, no se iba a conformar con recibir un “no” como respuesta cuando su anterior empleador le negó un pago final.

Por casi dos años, él manejó un trailer de 18 ruedas para transportar plantas de Acosta Farms a las tiendas Home Depot y Sam’s Club en todo el estado. Cuando él fue reemplazado en febrero por un trabajador más joven, Gabriel perdió más que su trabajo: él fue despedido sin que se le hubiera pagado una semana de trabajo, su tiempo de vacaciones acumulado, y sus horas extras.

Gabriel es uno de los miles de habitantes de Florida que han experimentado el robo de salarios. Él también es parte de un número creciente de personas que están llenando quejas para recuperar el dinero que se les debe.

“Por muchas semanas yo estuve trabajando hasta 94 horas”, escribió Gabriel en su queja. Él calcula que trabajó cerca de 700 horas extras para la compañía.

El Acta de Estándares por un Trabajo Justo requiere que  los trabajadores que cubre sean compensados con al menos el 150% de su salario regular por cada hora trabajada en exceso a 40 en una sola semana. Pero en dos años como empleado, Gabriel nunca recibió pago de horas extras por parte de Acosta Farms. “[Cuando] yo pregunté a mi supervisor –dice Gabriel– se me dijo que Acosta Farms no paga tiempo extra a nadie”.

Gabriel se dirigió a la oficina de AFSC en Miami para obtener ayuda.

Durante la última década, AFSC ha sido conocido entre los inmigrantes en el Sur de la Florida como un lugar que puede ayudar a jornaleros, a trabajadores del campo y a trabajadoras domésticas a resolver conflictos laborales.

Un momento significativo en ese trabajo se dio en el año 2010, cuando AFSC jugó un papel clave en la aprobación de la primera legislación en el país contra el robo de salarios. La legislación, que es a nivel condado en Miami, dio como resultado una oficina del condado que maneja las quejas por robo de salario, pero la oficina tiene poco personal.

Dije Herman Martinez, organizador social comunitario de AFSC en Miami: “Nuestra oficina refiere casos a la oficina del condado, pero los trabajadores vuelven con nosotros cuando ven una ausencia de respuesta del gobierno”.

Los jornaleros inmigrantes confían en Herman, lo que explica el por qué mucha gente se acerca a él pidiendo ayuda. “Como yo soy otro inmigrante que ha sido trabajador del campo y de la construcción, nosotros podemos hablar” –dice Herman.

Herman trabajó con Gabriel para tratar de recuperar sus salarios. Ellos contactaron al dueño y al gerente general de Acosta Farms como una cortesía inicial, y recuperaron $800 dólares de los más de $6,000 que se debían a Gabriel.

No es inusual que un empleador responda con un pago parcial, dice Herman. Dependiendo de la severidad de la queja, él refiere a los trabajadores a otras agencias o despachos de abogados que pueden continuar con los casos legales.

Herman tiene buenas relaciones con oficinas de gobierno, firmas de abogados y otras organizaciones no lucrativas a las que puede llamar dependiendo de la naturaleza y ámbito de un caso dado. “Nosotros tenemos amigos en todas partes, así que los utilizamos” –dice.

Herman también educa a trabajadores sobre sus derechos, y los asesora sobre cómo prevenir el robo de salarios. Él habla con inmigrantes en varios consulados acerca del trabajo doméstico, y aconseja a jornaleros sobre los riesgos de tomar un trabajo sin tener la información de contacto del empleador.

“La mayoría de trabajadores en la calle no obtienen el número de teléfono del empleador –explica Herman–. Ellos no tienen ninguna forma de recibir sus salarios cuando el empleador desaparece”.

El peso recae en los empleados, quienes deben probar que ellos trabajaron las horas y que no se les pagó. Ellos también tienen que buscar ayuda para meter la queja para recuperar sus salarios.

En estos días, Herman está ayudando a una mujer que trabajó turnos de noche haciendo limpieza en un supermercado. A ella no se le ha pagado ni un centavo de las 116 horas que trabajó.

El contratista que la empleó afirma que él le pagó, pero que lo hizo debajo de la mesa porque ella es indocumentada (de hecho no lo es; ella tiene documentos para trabajar en Estados Unidos). Conversaciones con cuatro anteriores empleados del contratista revelaron que no es la primera vez que él ha tratado de retener los salarios de trabajadores inmigrantes.

Bajo las leyes de Estados Unidos, los empleadores son responsables de verificar la elegibilidad de empleo antes de contratar a alguien, y los trabajadores tienen el derecho a que se les pague al menos el salario mínimo por todo el trabajo que hacen, sin importar su situación legal.

La trabajadora tiene un récord escrito a mano de las horas que ella trabajó, aunque eso no le da garantía de que recuperará su salario. Pero con Herman abogando por ella y tomando el tiempo para gestionar el asunto con la cadena de supermercado y su proveedor de servicios de limpieza, la trabajadora guarda esperanza.

*Gabriel es un seudónimo.